El SII les atribuyó la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, con un perjuicio fiscal de 900 millones de pesos. La causa tiene su origen en una investigación por fraude al Fisco que involucra al Gobierno Regional de Coquimbo.
El Servicio de Impuestos Internos (SII), a través de su Dirección Regional de La Serena, comunicó que interpuso una querella por el delito tributario de presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, contra los representantes legales de seis inmobiliarias: Guayacán S.P.A., Inmobiliaria La Herradura S.P.A., Inmobiliaria La Serena S.P.A., Inmobiliaria El Faro S.P.A., Inmobiliaria Pan de Azúcar S.P.A. e Inmobiliaria Cerro Grande S.P.A.
El organismo acusa que las empresas, representadas por Lorenzo Pedro Iduya Ortiz de Luzuriaga, Nicolas Fabián Bakulic Govorcin, Karim Ale Daire Daud y Manuel Alejandro Daire Daud, vendieron al GORE de Coquimbo, en 2020, seis bienes raíces por $9 mil millones, monto muy superior a los $485.229.830 por los que dichas inmobiliarias los adquirieron en 2014.
«Luego de revisar los antecedentes de la carpeta investigativa que llevaba el Ministerio Público por fraude al fisco asociado a esta compra, el SII logró detectar que el costo tributario de los inmuebles al momento de su venta era efectivamente excesivo, por lo que inició un proceso de auditoría tributaria», relató el SII.
A partir de esa auditoría «se pudo determinar que efectivamente el costo directo de los bienes raíces vendidos al Gobierno Regional de Coquimbo, por parte de las sociedades inmobiliarias, había sido incrementado de manera maliciosa mediante un proceso de reorganización empresarial injustificado, a través del cual imputaron como costo más de $3.881 millones, como consecuencia de un aumento de capital ficticio (suscrito, no pagado)».
Según apuntaron, el objetivo de esta operación «fue disminuir la base imponible del impuesto (…) que se generaría con ocasión de la enajenación de bienes raíces de propiedad de las empresas ya indicadas», enfatizó el SII. El perjuicio fiscal generado por concepto de Impuesto a la Renta en este caso es de cerca de $900 millones.
