Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), los sujetos emitieron más de 500 documentos falsos y cobraban entre 500 mil y 1 millón de pesos por cada trámite.
Una organización criminal transnacional dedicada a la obtención fraudulenta de cédulas de identidad para extranjeros, fue desarticulada en tres regiones del país.
La denominada «Operación Los Rodríguez», comenzó a desarrollarse a fines de 2021 y se concentró en las regiones de Antofagasta, Coquimbo y O’Higgins.
Según un informe de la PDI, la banda cobraba entre 500 mil y 1 millón de pesos por cada cédula de identidad nacional para extranjeros, mediante el uso de documentación falsificada.
Cabe destacar que sólo en la Región de Coquimbo lograron que el Registro Civil emitiera 580 cédulas de identidad temporarias para extranjeros y 22 permanencias definitivas para migrantes.
El modus operandi de la organización criminal transnacional
El subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos La Serena señaló que “habían conformado una estructura para defraudar al Estado de Chile, aprovechando la automatización y digitalización de los trámites migratorios, en el contexto de la pandemia“.
La banda actuaba proporcionando la documentación falsificada al Registro Civil, indicó Freddy Salinas, fiscal de Focos La Serena: «Con esos documentos (fraudulentos) concurrían al Registro Civil para obtener cédulas provisorias. Algunos casos estaban en etapas de obtener cédulas definitivas».
“Hay 3 formalizados, el líder en prisión preventiva, el segundo que era un captador de personas de nacionalidad extranjera, también en prisión preventiva”, dijo.
Agregando que “una tercera imputada que facilitaba su cuenta para la recaudación del dinero obtenido ilícitamente, también está en prisión preventiva por peligro de fuga”.
Los tres involucrados estaban de manera irregular en Chile, pero tenían cédula nacional temporaria, que también habían conseguido vulnerando el sistema.
«Todos se encuentran imputados por asociación ilícita, lavado de activos, falsificación de instrumento público y por un delito de la Ley de Migraciones en la obtención fraudulenta de cédula de identidad», detalló el persecutor.
La investigación sigue su curso para determinar si los casi 600 usuarios de las cédulas de identidad fraudulentas tuvieron acceso a los beneficios, subsidios, ayuda social o financiera del Estado que se destinaron para superar los problemas económicos que provocó la crisis sanitaria, perjuicio multimillonario cuya cuantía hasta el minuto está en estudio.
