La gobernadora Krist Naranjo, acompañada por el abogado del Gobierno Regional,
Ignacio Montecino Fernández, se presentó en el Juzgado de Garantía de La Serena
para presentar una querella por fraude al fisco. Los imputados en esta acción legal son
la ex intendenta Lucía Pinto, el ex jefe jurídico Eduardo Espinoza, el gerente de las
inmobiliarias implicadas en la compraventa, Pablo Bracchitta, y el ex administrador
regional José Cáceres. Este último también enfrentará una querella adicional por
negociación incompatible.
Una clara señal de parte de la máxima autoridad regional, para que esta acción judicial
sea acogida por el tribunal y aporte al desarrollo más expedito del caso que significó
una perdida millonaria al Gobierno Regional, siendo uno de los hechos de corrupción
más grandes de la región y el país, según indicó.
“Desde que yo ingresé como gobernadora regional le hemos puesto mucha atención a
este caso, ya que la malversación de fondos públicos ha sido considerable. Más de
$9.800 millones que hoy todavía no se hace justicia y tampoco se reintegran esos
recursos al Gobierno Regional, lo que nos parece muy grave, porque ha pasado el
tiempo y no tenemos resultados, no tenemos el cierre de este procedimiento, por lo
tanto, nosotros realizamos una evaluación de cómo se ha llevado a cabo de este
proceso, por parte del Consejo de Defensa del Estado, a quienes pedimos antecedente
y hoy todavía no nos llegan”, señaló Naranjo.
Sobre esta querella presentada, “estamos dando más antecedentes que hoy día nos
preocupan, que tiene que ver con que estos terrenos están siendo solicitados por el
Minvu y hoy día la tasación es mucho menor a lo que el mismo fraude detectó en su
momento, lo que nos parece grave”.
El Gobierno Regional actualmente está siendo representado por el Consejo de Defensa
del Estado en la causa penal, tal como lo indica la ley orgánica de dicha institución en
su artículo sexto. Sin embargo, con esta querella el Gobierno Regional pretende
hacerse parte directamente de esta causa, ya que aún no hay formalizados, situación
que se considera una mala señal para la ciudadanía. Un acto de justicia por los cerca
de 5.800 millones de pesos que se pagaron por sobreprecio de los terrenos.
Durante el presente año, han aparecido nuevos antecedentes y que están siendo
enunciados en la querella presentada por el abogado Montecino, quien afirmó que “hay
un proyecto de expropiación mejoramiento eje Cuatro Esquinas en el sector de San
Ramón y a valor de hoy 2023, dos de los terrenos que fueron parte de estas compras
cuestionadas siguen siendo tasados a un menor valor por el cual fueron adquiridos”.
En este sentido, explica que, “los informes periciales de las comisiones del Servicio de
Vivienda y Urbanismo, establecieron un valor de 2,85 y 3,05 UF por metro cuadrado,
que sigue siendo prácticamente la mitad del valor acordado en el momento de compra,
es decir, cuatro años después, hoy día los antecedentes que dan cuenta de cuál sería
el valor de estos terrenos sigue indicando que es bajo, por lo que nos vemos expuestos
a una encrucijada porque, por una parte, estamos en esta querella que pagamos
demás y así lo queremos acreditar, y estamos a su vez expuestos a que en este mismo
momento nos están expropiando y pagándonos un menor valor al que compramos”.
Cabe destacar que, en esta ofensiva que retomó la gobernadora Krist Naranjo para
retomar el caso PapayaGate, comenzó hace un mes cuando encomendó al abogado
de la unidad jurídica del Gobierno Regional, Ignacio Montecino, reunirse con la fiscal
regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, y el fiscal adjunto Jefe de la Unidad
Anticorrupción de Valparaíso, Claudio Rebeco, para plantear las diversas inquietudes
que existen por el escaso avance en la investigación.
