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Sentencian a adolescentes que mataron a conductor de indriver en Coquimbo: Reciben máxima sanción

En procedimiento abreviado se puso término a la investigación por la muerte de Héctor Saavedra, conductor de la aplicación móvil “InDriver”, que fue asesinado por un grupo de adolescentes que habían solicitado sus servicios de transporte con el objetivo de asaltarlo, hecho que conmocionó a la comuna de Coquimbo a inicios del mes de febrero de 2022.

La defensa de los imputados aceptó cerrar el proceso sin llegar instancia de juicio oral, con la propuesta de la Fiscalía de imponer a los tres acusados las máximas sanciones contempladas en la ley de Responsabilidad Penal Adolescente: 10 años de internación en régimen cerrado para dos jóvenes de 17 años y 5 para la adolescente de 14; con la respectiva derivación a programas de reinserción social.

Crudo homicidio

El caso se hizo público cuando aún no se tenía certezas sobre el paradero y el estado de Saavedra, un trabajador y joven padre de la comuna de Coquimbo, que conseguía el sustento diario en el transporte informal de pasajeros a través de distintas plataformas móviles. En eso se encontraba cuando, el domingo 30 de enero, se perdió su rastro.

Su desaparición fue reportada primero como un “secuestro” en redes sociales, convocando una intensa búsqueda por parte de sus colegas conductores, que tenían el último registro de su ubicación en la ruta 5 norte. Una vez tramitada la denuncia por presunta desgracia, a los esfuerzos se sumaron las policías, que por más de un día no lograron dar con su paradero.

La familia indicó que había recibido mensajes extorsivos, lo que sustentaba la teoría del secuestro, pero el hecho se esclareció con el primer hallazgo; el vehículo de Héctor abandonado en el sector de El Panul y, posteriormente, su cuerpo, ya sin vida y con claros signos de violencia.

En el crimen primero se vinculó a dos jóvenes de 17 años y luego, las indagaciones lograron establecer que estaban acompañados por una adolescente de 14 años y una niña de 12. Los dos primeros fueron detenidos y formalizados, mientras que las últimas declararon de manera voluntaria ante la PDI, en calidad de testigos.

Con base en su testimonio, a la mayor de ambas también se le imputó en el caso.

En el inicio del proceso de persecución, la defensa cuestionó la legalidad de esa última detención, pero la Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la resolución del Juzgado de Garantía, y las indagatorias continuaron su curso. Debido a su inimputabilidad, la niña de 12 años terminó sin sanciones, en conformidad a la ley.

Las investigaciones continuaron por casi nueve meses, aunque avanzaron con rapidez en los primeros días, cuando los detectives lograron recabar pruebas de lo ocurrido, encontrar el arma homicida y dilucidar la dinámica completa del delito con grabaciones de la cámara de seguridad de la residencia de uno de los involucrados. En tanto, los exámenes determinaron que los adolescentes habían sometido a la víctima a estrangulamiento y luego le propinaron 21 puñaladas con un cuchillo que habían conseguido en la conserjería del edificio, antes de salir a robar.

Un robo anterior

El caso fue indagado por la Unidad de Análisis y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, que incorporó la causa a los trabajos que realiza el ente persecutor para esclarecer una serie de robos que se han cometido en la zona a conductores de aplicaciones móviles. En este contexto, la Fiscalía logró determinar que miembros del mismo grupo habían participado en otro delito similar, aunque sin un desenlace fatal, el mismo día de la muerte de Héctor.

En acta de la audiencia de procedimiento abreviado, a la que El Día tuvo acceso, la Fiscalía relata el “hecho 1”, que se registró a las 2:20 horas de ese mismo 30 de enero, donde tuvieron participación los dos jóvenes de 17 años.

El documento describe que “previamente concertados y con la finalidad de sustraer especies”, solicitaron un viaje a un conductor de InDriver. Se subieron al vehículo en calle Los Clarines, en Coquimbo, y el recorrido terminó en avenida El Culebrón, donde intimidaron al trabajador. Uno de los acusados tomó un aparente arma de fuego y la puso en su cuello, indicándole que les entregara dinero.

La víctima se resistió y tras un forcejeo, salió del vehículo con las llaves del mismo, mientras que los asaltantes huyeron con un teléfono celular y $30.000 en efectivo.

Este hecho fue calificado como robo con violencia, con la participación de los dos hombres del grupo. Horas más tarde se registró el segundo, en que actuaron los cuatro y que terminó con la muerte de Saavedra.

Pruebas y penas

La Fiscalía presentó sus pruebas, entre grabaciones de cámaras de seguridad, el arma y un controvertido video que también se hizo público. Se trata del registro en redes sociales que compartió una de las adolescentes, donde se jactaban del robo del vehículo a la víctima fatal tras abandonar su cuerpo a un costado de la vía. Los investigadores realizaron el vaciado y extracción de este material desde el teléfono celular y también accedieron a conversaciones entre los acusados, además de fotos y videos en que aparecen con armas de fuego en su poder.

Con estos antecedentes, el Ministerio Público propuso un procedimiento abreviado, en que los acusados reconocieron los hechos y fueron sancionados con 10 años de internación en el caso de los hombres -participantes de dos delitos- y 5 para la adolescente, solo por el robo con homicidio. Se trata de las más altas penas contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (ver recuadro).

“Fue el mejor resultado esperado y posible, porque nuestro ordenamiento jurídico no contempla penas más altas para adolescentes que han cometido delitos”, afirmó el fiscal de focos que llevó el caso a tribunales, Nicolás Shertzer.

“Niños tan jóvenes en delitos tan graves”

El abogado Juan Carlos Manríquez, querellante en representación de la familia de la víctima, también mostró su conformidad con el resultado. “Siendo extremadamente graves estos hechos, un delito de robo con violencia y otro de robo con homicidio, más aún las circunstancias particulares del caso, se les impuso la máxima pena que el sistema permite, que es el sistema cerrado para menores de edad”, dijo.

Maríquez reconoce que al principio del proceso, la familia de Saavedra esperaba penas más altas, lo que no es posible, por lo que avanzado el caso y tras conocer las sanciones del tribunal, “la familia entiende que es proporcional -dentro del sistema legal- al daño causado y, de esa forma, se pone término al procedimiento, dejando establecido como una verdad jurídica y de hecho que Héctor fue asesinado”, subrayó.

Lo que si permite -recalcó el abogado- es hacer “una reflexión” del caso.

“El sistema judicial respondió adecuadamente, conforme al marco legal y, además, debiera hacer reflexionar, me dice la familia, sobre lo que puede estar pasando en el país. Cómo es posible que niños tan jóvenes estén involucrados en delitos tan graves”, declaró.

Con el mejor resultado posible, la familia de Héctor Saavedra, comienza a “cerrar un ciclo”.

Junto con ello, el jurista también entrega su visión. “Creo que si alguna ‘utilidad’ tiene el fallo, es que ellos puedan ir cerrando su duelo tras un hecho tan triste”, finalizó.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

La normativa (Ley 20.084) que aplica para los jóvenes infractores de ley  fue creada para establecer un sistema de responsabilidad a menores de edad que se vean involucrados en hechos delictuales. Con anterioridad, las personas menores de 16 años no eran inimputables ante la ley, por lo que terminaban sin sanciones y solo se les aplicaban medidas de protección a través de Sename.

Con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Adolescente, la imputabilidad baja a los 14 años, aunque con el objetivo principal de la reinserción social y en condiciones distintas al sistema para adultos, con el objetivo de respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, a la vez que se habilita la persecución penal de los mismos.

La diferencia más notable entre ambos sistemas, es que los menores de edad infractores de ley no van a cárceles, a diferencia de los delincuentes adultos, y las medidas de privación de libertad se cumplen en centros de internación con sistemas cerrados o semicerrados. Para los imputados entre 14 y 18 años se garantiza la defensa gratuita y especializada, y reciben garantías, como educación e intervención con programas de rehabilitación de drogas y alcohol.

El sistema los divide por rango, de 14 a 16 años y de 16 a 18. En el caso de delitos más graves, como el homicidio, los que conforman el primer segmento solo pueden ser sancionados a un máximo de 5 años de internación  y los del segundo tramo, a 10 años. Además, las sanciones son otorgadas en consideración de la edad que tenían a la hora de cometer el ilícito, por lo que un adolescente que cometió una infracción a la ley a los 17 años, debe ser procesado y sancionado bajo la Ley de Responsabilidad Penal adolescente, independiente de que en el transcurso del proceso haya cumplido y superado la mayoría de edad.

La ley también protege su integridad, por lo que sus nombres e información que pueda derivar en su identificación no pueden ser difundidos.

Fuente: Diario El Día.

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