Una querella criminal por fraude al fisco, ocultamiento de documentos públicos y
una posible asociación ilícita, son los hechos que se le imputan al ex alcalde de
Ovalle, Claudio Rentería y a otros 3 ex funcionarios que trabajaron bajo su
administración, sumado a otra funcionaria que en su calidad de planta continúa
ejerciendo labores en la municipalidad. La acción fue interpuesta en el Juzgado
de Garantía de la capital limarina por el abogado Carlos Tello Luza, en
representación de la municipalidad de Ovalle.
La acción judicial fue interpuesta el pasado jueves 4 de julio y busca que se
esclarezca las responsabilidades del déficit cercano a los 300 millones de pesos
del departamento de educación municipal de Ovalle. La querella fue
individualizada contra el jefe comunal Claudio Rentería, Juana Vega (ex jefa de
finanzas D.E.M), Héctor Vega (ex SECPLAN) y Leticia Cortés, actual directora de
la Unidad de Control del municipio.
El día 10 de febrero del año 2016 mediante decreto exento la municipalidad de
Ovalle firmó contratación de trato directo con la empresa Centro de Asesoría y
Desarrollo de la Gestión Advisers Limitada, representada en ese momento por
Patricio Navarro Molina. Según consta en Memorándum Interno N° 037/2016 de
fecha 29 de enero de 2016 esta contratación se hizo a proposición de la
funcionaria Juana Vega Elgueta, quien en dicha época cumplía la función de jefa
de Administración y Finanzas (s) del Departamento de Educación.
Dentro de las prestaciones que debía generar esta empresa estaba, poner al
servicio de la municipalidad toda su experiencia y conocimiento para cumplir a
cabalidad con el servicio objeto de este contrato, remitir a la municipalidad,
inmediatamente de recibido, cualquier documento o valor que represente
recuperación pecuniaria de subsidios por incapacidad laboral, u otra
recuperación derivada de estos, entre otros.
Según el contrato quien debía fiscalizar el cumplimiento de dichas prestaciones
por parte de la Ilustre Municipalidad de Ovalle era el funcionario municipal
Nelson Olivares Mánquez, quien en esa época era el jefe de Departamento de
Educación de Ovalle, sin embargo, nunca recepcionó conforme prestación alguna
por parte de la empresa.
Conforme transcurrió el tiempo, y a pesar de no haber cumplido con las
prestaciones a las que estaba obligada la referida empresa cobró los servicios
“prestados” y emitió cuatro facturas por un monto que bordea los 36 millones de
pesos. En tanto, la administración municipal de la época jamás hizo efectivo los
pagos de esos cheques y la empresa emitió seis facturas más. Al no hacer
efectivo el pago, Advisers Limitada, ingresó una demanda al Tercer Juzgado de
Letras de Ovalle por la no cancelación de las facturas.
Paralelamente, con fecha 22 de marzo de 2024 en sesión extraordinaria N° 1 del
Concejo Municipal la actual administración, encabezada por el alcalde Jonathan
Acuña Rojas, tomó conocimiento de lo descrito por el director de Administración
y Finanzas del municipio de Ovalle, Roberto Ábalos, quien señaló que se giraron
cheques a nombre de la empresa Centro de Asesoría y Desarrollo de la Gestión
Advisers y que estos nunca fueron pagados. Se hizo una investigación para saber
dónde quedaron estos documentos, es decir, cheques y decretos de pago, y de
acuerdo a lo informado éstos están extraviados desde la administración anterior.
Según consigna la querella, “ante el escenario de que el ex alcalde Claudio
Rentería Larrondo contrató una empresa que no prestó servicios en su totalidad a
mi representada, que hizo el mismo fraude en la municipalidad de Tierra
Amarilla, que los servicios fueron recibidos conforme por funcionarios
municipales como si se hubieran prestados completamente, luego se emitieron
decretos de pago y cheques que hoy están perdidos, la empresa siguió emitiendo
facturas por servicios que nunca prestó, para luego demandar a esta Ilustre
Municipalidad por no pago de dichas facturas. Hoy tenemos un déficit
presupuestario de más de 300 millones pesos, gracias a la mala gestión y el
ánimo de defraudar a esta ilustre Municipalidad”
El alcalde de Ovalle, Jonathan Acuña una vez interpuesta la querella, señaló que
“en base a varios antecedentes expuestos en los mismos concejos municipales se
vislumbró que había varias situaciones de tinte irregular que la idea era poder ir
aclarando y uno de los instrumentos, para poder realizarlo era presentar una
querella respecto a quienes podrían eventualmente resultar responsables. La
situación financiera del Departamento de Educación es bastante crítica. Esta
querella también tiene por finalidad dar una señal clara a la comunidad de cómo
somos capaces nosotros, como administración actual, de ir normalizando la
situación y de llegar hasta las últimas consecuencias, respecto a las
responsabilidades. Esto significa una afectación del patrimonio municipal y de lo
que podríamos estar haciendo o invirtiendo en cada uno de los establecimientos
educacionales”.
Asimismo, la autoridad comunal manifestó que lo más probable es que también
se realicen investigaciones administrativas para buscar responsables. “Esta
querella busca establecer esas responsabilidades, y esperamos que los tribunales
lleguen a un buen término. Vamos a estar atentos y no descartamos ir buscando
responsabilidades administrativas dentro del Departamento de Educación”.
Finalmente, el abogado Carlos Tello, quien representa a la municipalidad de
Ovalle, señaló que este hecho “le ha provocado un grave perjuicio, estamos
hablando de más de 296 millones de pesos que se está viendo obligada a pagar
por todas estas irregularidades cometidas en la administración anterior. Frente a
la desaparición de los documentos, frente a lo irregular del procedimiento, la no
prestación total de los servicios y el hecho pudiese produciéndole un beneficio a
una empresa externa por estas actuaciones, nos hace pensar que pudiese haber
una asociación, que los querellados hubiesen estado concertados con la
empresa”.
