Carlos Vöhringer
Director área niñez y adolescencia, Hogar de Cristo
Hoy son muchas las necesidades sociales que debemos abordar de forma urgente. Sin
embargo, existe un amplio consenso en que habría que comenzar por resolver las
vulneraciones de derechos más graves en la infancia: la Explotación Sexual de Niños, Niñas y
Adolescentes (ESNNA). Esta es una realidad lacerante que persiste en Chile. Recientes
informes, como el sexto boletín de la plataforma “Actuar es Urgente”, revelan cifras alarmantes
que demandan acciones inmediatas.
Entre 2022 y 2023, se registró un incremento del 29% en los casos de ESNNA, afectando
principalmente a niñas y adolescentes mujeres, quienes constituyen el 86% de las víctimas. La
mayoría de ellas tiene entre 14 y 17 años, evidenciando la vulnerabilidad de este grupo etario.
Este aumento no es un fenómeno aislado. Diversos factores, como la normalización de la
violencia sexual, el machismo arraigado y la falta de políticas públicas efectivas, contribuyen a
perpetuar esta realidad. Además, la expansión de las tecnologías de la información y redes
sociales han facilitado rápidamente nuevas formas de explotación, como el grooming.
A pesar de algunos avances, persisten enormes desafíos. La falta de datos actualizados y
estudios recientes dificulta la comprensión completa de la magnitud del problema. El último
estudio oficial con cifras nacionales sobre ESNNA se realizó en 2003, lo que evidencia una
carencia de información actualizada para diseñar políticas públicas efectivas.
Además, la coordinación interinstitucional sigue siendo insuficiente. Aunque existen protocolos y
mesas de trabajo, la implementación efectiva de acciones conjuntas entre los distintos
organismos gubernamentales implicados, ONGs y la sociedad civil es limitada.
Uno de los problemas más graves detectados por el citado informe es la demora en la
incorporación de víctimas en los programas de protección, debido a deficiencias en los
mecanismos de detección, derivaciones inadecuadas y largas listas de espera. Asimismo, la
oferta programática actual es insuficiente, careciendo de especialización y no respondiendo a
las nuevas formas de captación digital.
Es imperativo que el Estado asuma un rol más proactivo y comprometido en la erradicación de
la ESNNA. Esto implica no solo la actualización de datos y estudios, sino también la asignación
de recursos suficientes para la prevención, atención y reparación de las víctimas. Urge que
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia asuma el rol de liderazgo que le corresponde en la
implementación de una estrategia nacional contra la explotación sexual infantil, con un mandato
claro y mecanismos efectivos de coordinación y seguimiento, alineados con lo establecido en la
Ley de Garantías de la Niñez.
Nuestra sociedad en su conjunto también tiene una responsabilidad ineludible. Es necesario
romper el silencio y la indiferencia que rodea a la explotación sexual infantil. Denunciar estos
delitos, apoyar a las víctimas y exigir al Estado políticas públicas efectivas son acciones
fundamentales para erradicar la ESNNA.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una herida abierta que no podemos
ignorar. Cada caso representa una vida truncada, una infancia robada. Es momento de actuar
con decisión y compromiso para cerrar esta herida y construir una sociedad donde nuestros
niños y niñas puedan crecer libres de violencia y explotación.
