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Más de 60 mediaciones penales juveniles se han realizado en establecimientos educacionales de la región

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio de Reinserción Social Juvenil de Coquimbo desarrollaron una jornada de difusión con representantes de establecimientos educacionales de la Provincia de Elqui para fortalecer el conocimiento y acceso a mecanismos restaurativos frente a delitos ocurridos en contextos escolares.

Más de 60 procesos de mediación penal juvenil vinculados al ámbito escolar se han desarrollado en la Región de Coquimbo desde la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en enero de 2024. Los avances y alcances de este mecanismo fueron abordados durante una jornada de difusión dirigida a representantes de establecimientos educacionales del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui.

La instancia tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento de las comunidades educativas respecto de las herramientas disponibles para abordar hechos constitutivos de delito entre estudiantes, promoviendo mecanismos que favorezcan el diálogo, la responsabilización, la reparación del daño y la continuidad de las trayectorias educativas de adolescentes y jóvenes.

Durante el encuentro se dieron a conocer los principales objetivos y alcances del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, junto con los programas y acciones que desarrolla para favorecer los procesos de reinserción social. También se abordó la implementación de los informes técnicos especializados y la importancia de efectuar derivaciones oportunas, de manera que los equipos puedan intervenir tempranamente y entregar respuestas pertinentes a cada caso.

En este contexto, el mediador regional, Juan Carlos Vega, profundizó en el funcionamiento del Programa de Mediación Penal Juvenil, sus criterios de intervención y los beneficios que este mecanismo puede generar en el ámbito educativo. En su exposición destacó que uno de los principios fundamentales del proceso es la voluntariedad de las partes, requisito indispensable para avanzar hacia acuerdos desde un enfoque restaurativo.

Asimismo, explicó que una mediación puede desarrollarse incluso cuando el adolescente involucrado ya no pertenece al establecimiento donde ocurrieron los hechos, siempre que las partes manifiesten voluntariamente su disposición a participar del proceso.

La actividad permitió además revisar los avances de la mediación penal juvenil desde su puesta en marcha en la región. A la fecha, se han concretado más de 60 mediaciones relacionadas con hechos ocurridos en contextos escolares, permitiendo abordar delitos entre estudiantes mediante procesos orientados al reconocimiento del daño, la responsabilización y la búsqueda de acuerdos reparatorios.

Al respecto, la directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Coquimbo, Loreto Rebolledo, destacó la importancia de acercar este mecanismo a las comunidades educativas. “La mediación penal juvenil nos permite abordar determinados hechos desde una perspectiva restaurativa, generando espacios de diálogo, responsabilización y reparación del daño. Por eso es fundamental que los establecimientos educacionales conozcan esta herramienta y sepan cómo acceder a ella, porque una intervención oportuna puede contribuir tanto a reparar a quienes han sido afectados como a favorecer los procesos de reinserción de los adolescentes y jóvenes”.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Humberto Bermúdez, relevó la importancia de la coordinación interinstitucional para abordar oportunamente este tipo de situaciones. “Cuando hablamos de seguridad pública, también tenemos que hablar de reinserción, porque prevenir que una persona vuelva a cometer un delito también es prevenir nuevas víctimas. Para ello, la articulación entre el sistema de justicia, los establecimientos educacionales y los organismos públicos es fundamental, junto con herramientas como la Mediación Penal Juvenil, que permiten abordar oportunamente los conflictos, promover la responsabilización y reparar el daño”.

La iniciativa permitió acercar a los establecimientos educacionales una herramienta restaurativa que promueve la responsabilización, la reparación del daño y la protección de las víctimas, contribuyendo a la convivencia escolar y a los procesos de reinserción social de adolescentes y jóvenes.